Responsabilidad patrimonial

abogado responsabilidad patrimonial

RECLAMACION PATRIMONIAL CONTRA LA ADMINISTRACIÓN

Si ha sufrido cualquier accidente, caída o perjuicio físico o económico como consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración Pública, tiene derecho a ser indemnizado por la Administración. Nosotros le tramitaremos ante la Administración correspondiente la reclamación previa en vía extrajudicial, así como ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Nuestros honorarios serán a porcentaje de la indemnización que cobre el cliente.

LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA LEY 30/92.

Son tres son los presupuestos o requisitos básicos para que se produzca la responsabilidad patrimonial de la Administración pública: la lesión resarcible, la antijuridicidad del daño y la relación de causalidad.

El art. 139.2 utiliza el término “daño”. Por tal entiende el TS todo detrimento patrimonial, es decir, el aumento de un perjuicio o la disminución de un beneficio. Pues bien, la Ley no se conforma con la existencia del daño sino que exige además que el mismo sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

La jurisprudencia requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos:

Realidad o efectividad del daño. Es decir, el daño ha de ser actual y no simplemente potencial, eventual o posible. No debe ser futuro ni posible.

Afección de un bien evaluable económicamente, siendo susceptibles de tal consideración los daños morales, materiales, corporales o personales. El daño ha de ser concreto y que exceda de las cargas comunes. En definitiva, ha de tratarse de una gravedad excepcional.

Individualización en una persona o grupos de personas determinados o determinables. El daño a de ser, pues, concreto; residenciable en el patrimonio de personas concretas.

LA LESIÓN INDEMNIZABLE

La doctrina ha configurado el concepto de lesión indemnizable como un daño objetivamente antijurídico, es decir, como un detrimento patrimonial producido sobre un sujeto, el cual no tiene el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley.

Se prescinde de la nota de antijuridicidad subjetiva del daño, la ilicitud o culpa en la actuación administrativa lesiva.

Consiguientemente, la idea fundamental para que pueda hablarse de una lesión indemnizable se basa en la ausencia de causas de justificación que legitimen el perjuicio como tal, esto es, la falta de concurrencia de un título jurídico que ordene de esta manera la obligación de soportar la carga.

LA IMPUTACIÓN DEL EVENTO DAÑOSO LA ADMINISTRACIÓN

Son diversas las cuestiones que, en relación con la problemática de los títulos de imputación del acto lesivo a la Administración hay que comentar.

El art. 139.1 reproduce la clásica fórmula legal atribuyendo a las Administraciones públicas el deber de indemnizar “siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

La jurisprudencia ha interpretado el alcance de la expresión “servicios públicos” en un sentido amplio, como sinónimo de “actividad administrativa”, de “giro o tráfico administrativo”, de “gestión, actividad o quehacer administrativo”, en definitiva, de “hacer y actuar de la Administración”, ya sea una actuación puramente material (desde la ejecución de un acto administrativo hasta la realización de una obra pública -o su no realización-) o sea de carácter jurídico, incluyendo las actuaciones de naturaleza normativa, a través del ejercicio de la potestad reglamentaria, tal y como el TS ya venía afirmando desde su sentencia de 2 de febrero de 1968 y 17 de diciembre de 1987.

LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DEL DAÑO

El principio que preside todo lo relativo a la fijación de la cuantía indemnizatoria es el de reparación integral de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Ello significa que el pago de la indemnización por la Administración responsable debe pretender la total desaparición del detrimento patrimonial causado en el sujeto perjudicado. Sin embargo, en cuanto a todos los extremos que afectan a esta cuestión, nos remitimos a un momento posterior.

LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD. PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

PLAZO DE EJERCICIO

Los arts.142.4 y 5 resuelven definitivamente el problema de la contracción que existía entre el art. 122 LEF y 40.3 LRJAE en la calificación del plazo del año para reclamar la indemnización.

Mientras que la LRJAE lo conceptuaba como de caducidad (insusceptible, por tanto, de interrupción), la LEF lo hacía como de prescripción. Los efectos más favorables que se derivan de esta última solución hizo que la jurisprudencia (SSTS 25 de junio de 1982,18 y 31 de octubre de 1983 y 20 de junio de 1984) lo viniese entendiendo y aplicando así y la L. 30/92 lo acaba por afirmar como un plazo puramente prescriptorio.

Ahora bien, ¿desde cuándo se contabiliza el plazo del año? A este respecto la Ley 30/92 aporta dos soluciones:

  • Cuando la producción del daño deriva de un acto ilícito que resulta impugnado, y siendo la resolución favorable al perjudicado, el cómputo del plazo del año tiene como “dies a quo”el día en que se dictó sentencia definitiva; solución contraria a la jurisprudencia que computaba desde el día en que se notifica la misma (STS 1 de julio de 1981 y 7 de julio de 1982). Por su parte, el art. 4 del Reglamento vuelve a introducir una nueva contradicción al exigir que empiece a computarse cuando la sentencia sea firme.
  • En los demás casos, el plazo del año se contará a partir del hecho causante del daño (art. 142.5) con independencia de que el interesado lo conociera en ese momento o posteriormente. También resulta criticable esta solución ya que ha podido acogerse la solución que ofrece el art. 1968 Ce. que cuenta el plazo anual de prescripción de las acciones de responsabilidad extracontractual a partir del conocimiento del agraviado (si bien suaviza la regla estableciendo como alternativa el momento de manifestarse el efecto lesivo. SSTS 25 de junio y 11 de octubre de 1982).

 

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