¿Cómo hacer el cálculo plusvalía municipal? Conoce el importe de la plusvalía municipal y en que casos se tiene que pagar este impuesto.

El  pago del impuesto de plusvalía, en el supuesto de que no se haya incrementado el valor de la venta de un inmueble, es inconstitucional y no podrá ser requerido por los ayuntamientos a los contribuyentes, de manera que podríamos llegar a recurrir ante el organismo competente la reclamación sobre el importe, previo cálculo de la plusvalía municipal, si nos fuera requerido.

¿Quién tiene que pagar el impuesto?

Este impuesto, deberá ser pagado por el vendedor de cualquier tipo de inmueble dentro del territorio español, salvo en el caso, de que el mismo, sea no resiente en España, siendo entonces la parte compradora, quien deba hacerse cargo del pago de este tributo si le corresponde, por haber tenido un aumento real, sobre el valor de compra en el momento en el que se adquirió.

Para los casos de herencia o donaciones, es el nuevo propietario, el que debe hacerse cargo del impuesto, lo que, ha propiciado en los últimos años, teniendo en cuenta que los valores inmobiliarios han ido a la baja, que haya personas que no han podido hacer frente a estos gastos por ser excesivos.

¿Cuál es el plazo para el pago de la plusvalía municipal?

Para el caso de una compraventa entre dos partes, el plazo establecido es de 30 días a partir de la fecha de la transmisión. Para el caso de herencias, el plazo es de seis meses desde la defunción pudiendo prorrogarlo hasta 6 meses más si se solicita por escrito ante la administración pertinente.

¿Qué fecha se toma como la constitución de derecho para proceder al pago de la plusvalía municipal?

La fecha de la transmisión en el caso de una compraventa y la defunción en el caso de un fallecimiento. Para los casos en los que la transmisión o compraventa se efectúa mediante contrato privado, salvo que el mismo sea inscrito en el Registro de la Propiedad, no se considera que haya transmisión.

¿Cómo puedo hacer el cálculo de la plusvalía municipal?

El importe de la cuota debería de ser el resultante en función del valor del terreno desde la fecha de adquisición, hasta la fecha de la transmisión, así como de los años que el transmisor ha sido el propietario (siendo el cálculo de plusvalía municipal un máximo el de 20 años).

Para calcular el importe, bastaría con multiplicar el valor catastral por el número de años que se ha tenido la propiedad, así como por un porcentaje que varía en función de los años que se haya sido propietario, aplicando al resultado el tipo impositivo que es de un 30%.

Si el periodo de la transmisión fuera inferior a un año, se aplica un porcentaje de un 4% anual en función de los meses completos.

Porcentajes aplicables cuándo el periodo impositivo sea superior al año:

CUOTAS A PAGAR
Periodo Porcentaje anual a aplicar
Periodo hasta 5 años 3,7%
Periodo hasta 10 años 3,5%
Periodo hasta 15 años 3,1 %
Periodo hasta 20 años 2,8%

Porcentajes aplicables en función de los meses cumplidos en las transmisiones onerosas, en las que el periodo impositivo sea inferior a 1 año:

 

CUOTAS A PAGAR
Periodo Porcentaje mensual a aplicar
1 Mes 0,33%
2 Meses 0,66%
3 Meses 1%
4 Meses 1,33%
5 Meses 1,66%
6 Meses 2,00%
7 Meses 2,33%
8 Meses 2,66%
9 Meses 3%
10 Meses 3,33%
11 Meses 3,66%
12 Meses 4%

El valor del terreno consta en el recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).

Existen apps, que pueden instalarse en cualquier dispositivo móvil con Android o IOS, que te calculan automáticamente, y tras introducir los datos más relevantes de una transmisión, el importe de la plusvalía, como es el caso de Plusvaldria.

Para el caso del Ayuntamiento de Barcelona, puedes hacerlo a través de la Oficina Virtual, dónde tienen habilitada una web con toda la información necesaria para el cálculo y el pago de la plusvalía.

¿Cómo puedo efectuar el pago del impuesto plusvalía municipal?

Cada ayuntamiento tiene su sistema propio para el pago de la plusvalía, que en el caso de Barcelona y provincia por ejemplo, tras haber alcanzado el Ayuntamiento un acuerdo con el Colegio de Notarios, es este mismo, en el momento de la compraventa quién podrá hacerte entrega la autoliquidación para poder pagarla en el plazo de los 30 días pertinentes, siendo además un requisito imprescindible el pago, para que pueda llevarse a cabo la inscripción del inmueble que ha sido transmitido en el correspondiente Registro de la Propiedad.

¿Cómo puedo saber si tengo que pagar o no plusvalía en función del valor de la transmisión?

Ante las actuales demandas presentadas por ciudadanos, a las que hacíamos referencia en nuestro artículo sobre Plusvalía Municipal: ¿Está llegando a su fin el vacío legal?, te aconsejamos que realices la consulta ante un abogado, para que pueda darte orientación y evite que puedas pagar un importe que no te correspondiera por haber tenido una minusvalía en la venta de un inmueble.

El diariojurídico.com

El Gobierno abaratará los costes del cambio de una hipoteca de tipo variable a fijo

El ministro de Economía ha anunciado que la normativa prevé facilitar el cambio «prácticamente sin gastos y si el consumidor lo decide y lo pacta con su banco»

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado que la futura ley de crédito inmobiliario contempla, entre otras cuestiones, que el consumidor pueda pasar de una hipoteca de tipo variable a fijo “prácticamente sin gastos”. El titular de Economía considera que esto supone “un seguro” para el ciudadano porque el Euribor ahora está en negativo pero no va a estar así “toda la vida”.

En su intervención en el desayuno-coloquio organizado por Unicaja y diario SUR, ha apuntado que prácticamente el 95% de las hipotecas en España son de tipo variable ligadas al Euribor y ha recordado que se trata de contratos “a muy largo plazo, a 25 ó 30 años, y los tipos de interés no siempre van a estar igual; de hecho una subida de tipos se va a ir reflejando en las hipotecas y se da la posibilidad de pasarla a tipo fijo”.

La normativa prevista intentará facilitar “prácticamente sin gastos y si el consumidor lo decide y lo pacta con su banco que pueda pasar su hipoteca a un tipo fijo”. Esto, ha recalcado, beneficiará al ciudadano y ha recordado cómo en 1996 la mayoría de las hipotecas eran a tipo fijo y esa tendencia cambió.

El Gobierno, ha precisado De Guindos, “dará una opción muy barata” de aplicar ese cambio, de manera que se intentarán mejorar las condiciones “desde el punto de vista del consumidor”. Respecto a qué tipo fijo, ha aclarado que tendrá que ser una negociación entre las partes.

De Guindos ha aludido a otros cambios previstos, de manera que una hipoteca en divisa extranjera pueda pasar al euro “sin el más mínimo coste o sin la más mínima penalización”.

En su intervención también se ha referido al importante ajuste que se ha producido en el sector de la construcción en España durante la crisis y que ha provocado que la construcción residencial redujera su peso a más de la mitad.

A su juicio, la situación está remontando, “en consonancia con la recuperación de los flujos de financiación” pero “es prematuro decir que existe una burbuja”. Para De Guindos, la reactivación de la compra y venta de viviendas “es una buena noticia”.

ABC

Condenan a Bankia a pagar la totalidad de los gastos de notario y registro de una hipoteca

La Audiencia de Las Palmas ha anulado los gastos de notaría y registro de la propiedad en la constitución de una hipoteca firmada con Bankia.

La sentencia de la Sección Cuarta – que es la competente para resolver los recursos de apelación sobre condiciones generales de la contratación- señala que son nulas “las cláusulas de los préstamos hipotecarios que atribuyen a los clientes el pago de la totalidad de los gastos de Notaría y de Registro de la Propiedad”, detallando que el banco debe reintegrar a los clientes no la mitad sino todos los gastos que éstos hayan abonado por dichos conceptos.

“Dado que tanto la formalización de la escritura pública ante notario como la inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad se efectúan en el exclusivo interés del Banco, es éste quien debe correr con dichos gastos”, añade la sentencia.

Un juzgado ordena la devolución de todos los gastos de formalización de una hipoteca cancelada en 2009

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia n º1 de Benidorm, sentencia nº 174/2017 de 5 de junio, condena a la Kutxabank a pagar todos los gastos de formalización de la hipoteca (incluido el impuesto) de un préstamo cancelado en 2009.

El fallo de la sentencia, que no es firme, anula la cláusula de gastos del contrato de préstamo hipotecario firmado por el demandante y obliga a Kutxabank a pagarle la cantidad de 5.082,73 euros más los intereses legales. También se condena en costas a la entidad bancaria, que ha perdido el litigio.

La condena supone la devolución de los siguientes gastos, asumidos en su día por el consumidor contratante: derechos del Registro de la Propiedad, derechos y suplidos del Notario, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y los honorarios de la Gestoría.

Para José Mira Berenguer, de Gallego Mira Abogados, y letrado que ha defendido el caso, la valoración de esta resolución judicial es altamente positiva “creemos que es una sentencia pionera en España, ya no sólo por el impuesto, que hasta ahora no se condenaba a las entidades bancarias a su pago (la primera sentencia fue en Sevilla), sino porque la hipotecaestaba cancelada hace más de 8 años. No tenemos constancia de una sentencia similar.”

“Es una sentencia importante que abre el camino a lo que entendemos muchos abogados en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de las cláusulas abusivas. Y lo más importante, los efectos económicos aparejados a tal nulidad”, añadió.

Solicitó la nulidad de la cláusula de gastos de una hipoteca cancelada hace 8 años

La demanda se centra en solicitar la nulidad de la cláusula quinta de la hipoteca que estipula que el prestatario se hace cargo de todos los gastos que se deriven del contrato:

  • Estudio y otorgamiento de la escritura, así como los de constitución, modificación, distribución o cancelación de la hipoteca
  • Registro de la Propiedad
  • Tributos, impuestos…
  • Seguro de la finca
  • En general: todos los que se deriven del contrato, tramitación de procedimientos judiciales o extrajudiciales, gastos, costas y perjuicios del incumplimiento de contrato.

En consecuencia solicita la devolución de un total de 5.082, 73 euros, cuantía resultante de las sumar las distintas sumas a las que en su día tuvo que hacer frente el demandante: minuta de derechos del registro, derechos y suplidos del Notario, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y los honorarios de la Gestoría.

La demanda sustenta esta petición en la legislación de consumo y en la posición mantenida por el Tribunal Supremo al respecto en STS de 23 de diciembre de 2015.

Por el contrario, la entidad bancaria alega que las condiciones financieras del contrato fueron negociadas, y la cláusula en cuestión libremente pactada, añadiendo que el demandante bien pudo comparar esta hipoteca con la de otras entidades. Además, que no le corresponde devolver el dinero pues no ha percibido ninguna suma de la provisión de fondos que el demandante entregó a la Gestoría para tramitar las escrituras. .

Por último, alega que el préstamo hipotecario en cuestión, que se firmó para 35 años, fue cancelado anticipadamente en 2009, y que por tanto ha quedado extinguido y consumado.

Un contrato ya cancelado no impide reclamar si se litiga en plazo

El juzgado tiene que entrar a resolver la alegación de caducidad del préstamo que opone la entidad financiera a la demanda.

Argumenta que el préstamo, que fue contratado por 35 años, se canceló anticipadamente en 2009, por lo que ya está extinguido. No puede ahora el demandante reclamar la nulidad de parte de su clausulado y la devolución de los gastos.

El tribunal rechaza este argumento con otro aplicable a todas las esferas del mundo del derecho, y es que un contrato ya cancelado no impide la interposición de reclamaciones siempre que y cuando se interpongan en plazo. Este es un principio aplicable a cualquier reclamación de responsabilidad contractual (pone el ejemplo de la compraventa de una vivienda).

La oposición de la cancelación del préstamo hipotecario pues no puede prosperar, y el banco no ha alegado prescripción alguna, por lo que considera el juzgador que no es necesario entrar en este debate.

No obstante la demanda defiende la aplicación del plazo de imprescriptible de la acción de nulidad o, en su defecto, la aplicación del artículo 1964.2 del Código Civil, que en el momento de firmarse el préstamo establecía un plazo de 15 años (actualmente es de 5 años, pero la modificación no afecta al caso por aplicación de la disposición transitoria quinta de la ley 42/2015).

La STS de 23 de diciembre 2015 como punto de partida

El juzgador parte del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo alegada por el demandante, STS 705/2015 de 23 de diciembre de 2015, y destaca las siguientes conclusiones de la misma:

Como resalta el alto tribunal en su sentencia, resulta llamativa la extensión de la cláusula, que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la celebración del contrato. Esto supone, como explica el Supremo, suplir e incluso contradecir la legislación aplicable y vigente, por lo que anula por abusivas la cláusula que imputa al consumidor los siguientes gastos: formalización de escrituras e inscripción de las mismas, tributos que gravan el préstamo hipotecario, en particular el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al limitar los derechos sobre la carga tributaria prevista en la legislación fiscal; los gastos procesales ..

En base a esta sentencia pues, el juzgador va examinando cada una de las peticiones de la demanda, rechazando el argumento de la demandada sobre la aplicación del principio del artículo 1.255 del Código Civil, porque la nulidad de pleno derecho de estas cláusulas no están a salvo so pretexto de la libre aceptación de las mismas por parte del prestatario, tal y como establece el artículo 10 del texto refundido .de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que proclama la Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor y usuario. Por ello, “la declaración de nulidad de lo allí dispuesto siempre será posible si se encuentran los presupuestos analizados por el alto tribunal”.

Considera el juzgado que es clamorosa la nulidad del pacto, abusivo conforme al artículo 82 de la LGDCU, y por ello ha de aceptarse la devolución de las sumas que solicita el demandante, argumentando por separado los que corresponden a cada uno de ellos.

Impuestos: Actos Jurídicos Documentados

Partiendo de nuevo la citada sentencia del Supremo, el juzgador acepta la devolución de 3.528 euros en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados, porque, según el Tribunal Supremo, el sujeto pasivo debería ser la entidad bancaria y se trasladó indebidamente al consumidor.

Noticias. juridicas.com

Cláusulas suelo: Así se reclama ahora con los nuevos juzgados

La resolución de los problemas derivados por la aplicación de las cláusulas suelo da un nuevo paso hacia adelante con la habilitación de los 54 tribunales repartidos por toda España que tramitarán desde este jueves las reclamaciones judiciales de los afectados por la limitación de los tipos de interés hipotecarios. Sin embargo, son muchas las trabas que aún quedan por resolver y, sobre todo, demasiados los medios materiales y humanos necesarios para que estas salas puedan funcionar a pleno rendimiento y evitar otro colapso, si llegan las más de 200.000 demandas previstas por las organizaciones de usuarios.

La medida llega cinco meses después de que el Gobierno aprobara el mecanismo extrajudicial de reclamación, por el que los clientes bancarios podían solicitar a sus entidades la devolución de las cantidades cobradas de más en sus préstamos por la aplicación de los suelos. Pero se da la circunstancia que, salvo entidades muy concretas, los reintegros no se han generalizado. Es más, son muchas las trabas que aún ponen las entidades para aceptar el abono correspondiente a sus hipotecados.

Si se encuentra entre quienes ya han recibido la comunicación oficial de la entidad por la que rechazan la posibilidad de devolver esas cantidades pagadas en exceso, puede acudir a la justicia. Y lo hará a través de estos tribunales especializados en cláusulas suelo. Este es el camino:

1.- Si está dispuesto a comenzar la vía judicial, debería contar con todos los documentos en los que su banco ha rechazado la posibilidad de realizar la devolución, así como aquellos que justifiquen su postura (escritura hipotecaria, anexos a la misma, contratos de vinculación o respuesta de organismos como el Servicio de Reclamaciones del Banco de España).

2.- Para iniciar el trámite, el afectado tiene que acudir a la correspondiente Oficina de Registro y Reparto judicial –como en cualquier otro proceso de primera instancia-, que será la que derive el caso a estos juzgados creados desde este jueves para su tratamiento. En cualquier caso, habrá 54 tribuanales especiales en toda España, esto es, uno por cada provincia.

3.- Existe la obligación legal de contar tanto con un abogado que ejerza la labor de defensa, como la de un procurador. La normativa exige que cuando se trate de conflictos de reclamación dineraria por cantidades que, como suele ser el caso, son cuantiosas, es imprescindible la asistencia de ambos expertos.

4.- Una vez derivado el caso al tribunal especializado que le corresponda, será el magistrado designado a tal efecto el que se encargue de la resolución del conflicto, como en cualquier otra circunstancia que vaya por la vía judicial. Fuentes judiciales señalan que la tramitación de este tipo de demandas bancarias podría ser «bastante mecánica», y por lo tanto más ágil que el resto de casos, aunque «todo dependerá del número de reclamaciones judiciales que se presenten».

5.- Con la sentencia definitiva, el cliente bancario -y la parte contraria, esto es, la entidad- podrán recurrir la decisión del juez, porque se trata, en realidad, de un juzgado de primera instancia a efectos jurídicos.

Hasta ahí la teoría. Porque la práctica, al menos por el momento, dista mucho de ese camino. Aunque este jueves se haya iniciado el proceso de habilitación de las 54 salas especiales, en realidad la mayoría aún no cuentan con efectivos profesionales para tratar las demandas que lleguen. Ni siquiera hay unanimidad en cuanto al tipo de tribunal puesto en marcha, debido a que las competencias se encuentran transferidas, en muchos casos, a las comunidades autónomas.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha habilitado un juzgado ‘bis’anexo al de primera instancia; en otras regiones se han dotado de refuerzos, pero no se ha puesto en marcha una sección específica; en otros territorios aún son reacios a aplicar esta novedad; y en varios alegan que no cuentan con dotación presupuestaria para ello.

La idea del CGPJ es que por cada 1.000 demandas que lleguen para tratar las cláusulas suelo, se habilite un juzgado diferente, algo que desde uno de los sindicatos de trabajadores de justicia, CSIF, consideran que provocará un «colapso». Los trabajos «van a empezar con mucha carga de trabajo y además sin experiencia», afirma Juan José Corral, portavoz del sector de justicia de la organización.

 

El pago de la Plusvalía municipal cuando no se haya producido incremento de valor del suelo

El pago de la Plusvalía municipal cuando no se haya producido incremento de valor del suelo

 

El Tribunal Constitucional establece que no debe pagarse plusvalía municipal cuando no se haya producido incremento de valor del suelo en el momento de transmitir un inmueble (sentencia de 11 de mayo de 2017).

 

El pasado 11 de mayo, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la que declaraba nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta anulación no es total o absoluta, sino que dichos artículos únicamente se consideran inconstitucionales cuando sirven para someter a tributación situaciones en las que no se ha producido incremento de valor del suelo en el momento de la transmisión del inmueble en relación con su adquisición. Es decir, el Tribunal Constitucional ha declarado que no se puede obligar a pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando no se ha dado un aumento de valor del suelo desde que se adquirió hasta que se transmitió el inmueble. El fundamento de esta sentencia es que al no ponerse de manifiesto ninguna capacidad económica con la transmisión del inmueble, no re sulta admisible que se obligue a tributar por este impuesto.
Anteriormente, el mismo Tribual Constitucional ya había dictado dos sentencias muy similares en relación con la normativa foral sobre este impuesto en Álava y Guipúzcoa.

Al igual que en las sentencias anteriores, el Tribunal Constitucional no establece ninguna limitación retroactiva de los efectos de esta anulación. Eso significa que la nulidad de los preceptos no es desde el momento de dictarse sentencia, sino desde un inicio.

 

Posibilidad de reclamar la devolución del impuesto

 

Que los preceptos sean nulos desde un inicio no significa que pueda reclamarse cualquier impuesto de plusvalía municipal pagado cuando no se haya producido incremento de valor del suelo entre la adquisición y la transmisión del inmueble. Para poder determinar el derecho o no a recuperar el impuesto, deberíamos distinguir si el impuesto se pagó a consecuencia de una liquidación girada por el ayuntamiento o a consecuencia de una autoliquidación (supuesto muy frecuente, por ejemplo en la ciudad de Barcelona).

  1. Si el ingreso es consecuencia de una liquidación girada por el ayuntamiento: solo podrá   reclamarse la devolución de lo que se ingresó si la liquidación no se ha vuelto firme. Es decir, si se interpuso recurso contra la misma (y aún está pendiente de resolverse) o si, estando aún a tiempo de recurrirla, se interpone el oportuno recurso. Las liquidaciones giradas por el ayuntamiento que sean firmes no podrán dar lugar a la devolución de lo que se pagó.
  2. Si el ingreso es consecuencia de una autoliquidación del contribuyente: solo podrá reclamarse si no ha transcurrido el plazo de prescripción (4 años). El procedimiento a seguir es el de instar la rectificación de la autoliquidación y solicitar la devolución de lo que se ingresó indebidamente. En caso de haber transcurrido el plazo de prescripción (4 años desde que finalizó el plazo de ingreso, y siempre y cuando no haya existido ninguna actuación interruptora de la prescripción), no se podrá instar dicha rectificación de la autoliquidación ingresada en su día.

 

Acreditación de que no se produjo incremento de valor del suelo

 

Para poder reclamar la devolución de lo que se ingresó indebidamente por este impuesto, deberá demostrarse que en realidad no se produjo incremento de valor del suelo entre el momento de su adquisición y el de su transmisión. Una forma de probarlo podría ser la comparación de los valores inicial y final del suelo en las respectivas escrituras de adquisición y transmisión del inmueble (recordemos que se trata de un impuesto en el que solo se tiene en cuenta el suelo, no la construcción). Otra opción sería aportar una tasación que acredite el valor del suelo tanto al adquirirlo como al transmitirlo.

 

Posible modificación normativa

 

Después de que el Tribunal Constitucional anulara los artículos de las normas de Álava y Guipúzcoa, estas Diputaciones han aprobado dos Decretos Forales con el fin de establecer con carácter de urgencia una nueva regulación del impuesto para respetar el contenido de la sentencia. Además, estas normas establecen un régimen transitorio para las liquidaciones ya giradas.

 

Conclusiones 

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que resulta improcedente exigir el pago del impuesto de plusvalía municipal cuando no se haya producido un incremento del valor del terreno entre su adquisición y su transmisión.

 

Cuando pueda demostrarse que estamos en esta situación, se podrá solicitar la devolución del impuesto satisfecho, más sus correspondientes intereses.
Para poder solicitar esta devolución, tenemos que estar ante una liquidación tributaria no firme (que se esté recurriendo o que pueda recurrirse) o ante una liquidación realizada por el contribuyente y que no haya prescrito el derecho a rectificarla (4 años).

 

Por ROCA JUNYENT

 

LOS JUZGADOS DE SEVILLA OBLIGAN A LA DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES DE LA CONSTITUCION DE HIPOTECA

LOS JUZGADOS DE SEVILLA EMPIEZAN A DICTAR SENTENCIAS OBLIGANDO A LA ENTIDAD BANCARIA A DEVOLVER LOS GASTOS DE CONSTITUCION DE HIPOTECA, INCLUIDOS LOS  DE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS.

 

Un Juzgado de Sevilla ha declarado la nulidad de la cláusula de gastos de una hipoteca, cuya suma asciende a un total de casi 4.000 euros, y ha incluido de forma “pionera” el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Hasta ahora, la justicia había acogido la nulidad de los gastos de Registro de la Propiedad y, casi de forma mayoritaria, la de los gastos de notaría, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo 705/2015, de 23 de diciembre. No obstante, no ocurría lo mismo en el caso del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que normalmente representa más del 70 por ciento de los gastos a abonar por el hipotecado, “de ahí la novedad e importancia de la sentencia”.
Todo ello se fundamenta en la resolución del Supremo mencionada, que confirma la nulidad de determinados gastos de formalización de préstamos hipotecarios “por considerarlos abusivos y beneficiar a los bancos en exclusiva”, pero no concretaba las consecuencias jurídicas de tal declaración de nulidad. Así, esta sentencia “pionera” “abre, a través de un giro en la argumentación jurídica, la vía a la reclamación judicial del mencionado tributo”, pues es la interpretación del Juzgado en en cuanto a la obligatoriedad del abono del impuesto por parte de la entidad financiera”. Según dicta la resolución, la cláusula quinta de la escritura, que impone al prestatario la obligación de pagar los gastos de notario, registro, impuesto de actos jurídicos documentados y gastos pre-procesales o procesales, “debe ser declarada nula por abusiva, condenándose a la demandada al pago a la parte actora de dichos gastos más los intereses legales desde la fecha de su pago”. El Juzgado establece además la nulidad de otras cláusulas como vencimiento anticipado, limitación al tipo de interés (conocida popularmente como cláusula suelo) e intereses de demora, estimando la fundamentación jurídica expuesta por el despacho y la devolución al cliente de una cantidad total de más de 15.000 euros.

El TC resuluelve que ningún propietario pagará plusvalía municipal si vende su casa cuanto ha tenido pérdidas.

El TC resuluelve que ningún propietario pagará plusvalía municipal si vende su casa cuanto ha tenido pérdidas.

Esto no implica que se suprima el tributo ni que no deban pagarlo los que sí obtengan beneficios,sino que Nadie deberá pagar la plusvalía municipal cuando la venta de una vivienda le haya generado pérdidas. El Tribunal Constitucional se pronunció el pasado jueves 11 de mayo en pleno sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (IIVTU o plusvalía municipal) a nivel estatal y ha vuelto a dar la razón al contribuyente, como ya lo hiciera en sus sentencias sobre las normas forales los Juzgados de  Guipuzkoa y   Álava.

El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”, señala el Alto Tribunal en un comunicado.

La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias referentes al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, llegó a la conclusión de que el pago de este impuesto cuando sí se produce una ganancia “es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica”. Al mismo tiempo que señalaba que para salvaguardar dicho principio, “el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

En su sentencia, el pleno explica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo. S sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”

Por consiguiente, añade la sentencia, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.

Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”. Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

Y concluye el Tribunal Constitucional que, a partir de la publicación de la sentencia, “corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

La plusvalía municipal no desaparece

La sentencia, sin embargo, no supone la supresión o desaparición de este impuestouna fuente de ingresos muy importante para los ayuntamiento de toda España. Es decir, todos aquellos contribuyentes que vendan una vivienda y obtengan una ganancia con la transacción, deberán seguir abonándolo.

Hasta ahora, quien vendía un piso a pérdidas tenía que pagar al ayuntamiento correspondiente el citado impuesto, aunque dicha transacción le hubiera provocado pérdidas. ¿Por qué? El IIVTNU grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años. Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto, se tienen en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado. Es decir, el sistema de cálculo de este impuesto presupone que el precio de la vivienda siempre sube.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid estima una revalorización teórica del 3,5% anual (este porcentaje varía según la localidad) del precio de la vivienda calculado sobre su valor catastral actual, que se multiplica por el número de años transcurridos desde la compra. Y esa revalorización es la base imponible del tributo, incluso aunque el activo valga en realidad menos ahora que cuando fue adquirido.

Alcance a nivel estatal

El pasado mes de febrero, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que eximía a los contribuyentes del pago de la plusvalía municipal, si bien, en aquel momento su pronunciamiento se refería a la Hacienda Foral de Guipuzkoa y no a Ley de Haciendas Locales a nivel estatal, aunque su redacción sea idéntica.

De ahí que la mayoría de ayuntamientos de toda España hayan seguido liquidando el impuesto, tal y como aseguraban a El Confidencial diferentes abogados quienes han constatado que la actitud de los municipios apenas ha variado desde el pasado 17 de febrero, cuando se conoció el fallo del Constitucional. Apenas un par de ayuntamientos, el de Dos Hermanas (Sevilla) y el de Vitoria, han decidido desde entonces mantener en suspenso, de manera cautelar, el cobro de la plusvalía municipal en los casos en los que no se haya producido un incremento patrimonial.

Ante la inminente avalancha de reclamaciones para recuperar plusvalías abonadas indebidamente con anterioridad, la Diputación foral de Gipuzkoa publicó el Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, y la de Álava el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, de 28 de marzo. En ambos Decretos, el valor de referencia para determinar si existe o no plusvalía es el valor real de compra-venta correspondiente al valor del terreno. “Se establece que existirá incremento de valor de los terrenos cuando el valor de transmisión sea superior al de adquisición. Únicamente en el supuesto de que exista incremento de valor de los terrenos se procederá a determinar la base imponible, la cuota tributaria y los demás elementos configuradores del impuesto, queda por ver si el legislador estatal tomará como referencia el contenido de estos decretos.

El Confidencial.

LOS JUZGADOS DE SEVILLA YA ANULAN LAS PLUSVALIA QUE BAJARON DE PRECIO

Los jueces anulan ya las plusvalías de inmuebles que bajaron de precio

Tras la sentencia del TC, la Justicia empieza a librar a los ciudadanos de un impuesto que se pagaba aunque no aumentara el valor del bien vendido.

 Los tribunales sevillanos están comenzando a declarar nulo el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que grava las escrituras de compra venta de inmuebles, las conocidas «plusvalías» que cobran los OPAEF (el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal). Un juez de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha considerado ya nulas esas plusvalías, estimando la petición de los demandantes porque el valor de los inmuebles había bajado en el momento de la venta, dando así la razón a los que reclamaban.

Se trata fallos que se basan en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (de 16 de febrero de 2917) que declaró inconstitucionales varios artículos de la norma del citado impuesto. Es un fallo que ha animado a muchos ciudadanos a acudir a los tribunales. Aunque no hay datos del número exacto de las reclamaciones de este tipo, fuentes judiciales aseguran que cada vez están llegando más demandas a los juzgados y estos órganos están comenzando a fallar a favor de los ciudadanos anulando este impuesto.

Así, un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha estimado parte de la demanda contra 29 liquidaciones relativas al impuesto de «plusvalías». El asunto hace referencia a las liquidaciones del citado impuesto que se impusieron con ocasión de la venta de una empresa que decidió vender diversos terrenos para conseguir liquidez.

Según el fallo, al que ha tenido acceso ABC, esa operación supuso que la transmisión de estos inmuebles se produjera «con pérdidas sobre el precio de compra, ocasionando una minusvalía al precio de los terrenos». Sin embargo, la Administración argumentaba que las liquidaciones se justificaban en la norma legal para cobrarle las plusvalías. En este caso concreto el juez ha decidido dar la razón a la empresa y anular parte de esas plusvalías, más concretamente tres de ellas por importes de 60.559 euros, 69.721 euros y 72.475 euros porque no se valoraron las circunstancias concretas de cada caso y no hubo comparación entre el valor inicial o entre el valor de adquisición y el de enajenación.

Para dar la razón a los demandantes, ese juzgado sevillano considera que el TC ha asumido como propio algo que considera «de sentido común»: que los criterios o tablas automáticas, o la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión, «conducen a que se pague al margen de que se produzca o no un incremento del valor» del inmueble.

«Se paga por lo que dice el valor catastral y no porque sea el valor real, ni porque corresponda a una ganancia real», advierte el juzgado sobre el cobro que se hace de esas plusvalías. Y, por tanto, considera que debe pagarse cuando alguien se lucra o enriquece con el tráfico inmobiliario.

Pero tacha de «confiscatorio aplicar un tributo a quien, como consecuencia de la evolución del mercado, se empobrece al vender un bien inmueble que compró en el pasado por más valor del que ahora recibe».

En cualquier caso, el juzgado recuerda que el TC , ante un cálculo ciego a la realidad del incremento del valor, expulsa los preceptos tributarios y los considera inconstitucionales y nulos pero «únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor». O como dijo textualmente el Alto Tribunal: «Una cosa es gravar una renta potencial y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal».

Por todo ello, el juzgado ha decidido interpretar esa doctrina del Tribunal Constitucional y determinar que si no hay incremento de valor (tal y como sucede en el caso de los demandantes), no puede haber gravamen impositivo. Para ello recuerda también la doctrina de otros tribunales que también se han pronunciado en ese sentido, como los de Cataluña, Asturias, Castilla-León, Madrid y Andalucía.

Y así decide el juzgado estimar las peticiones para anular las plusvalías aunque, en este pleito, decide no imponerle las costas debido a «las posibles dudas de derecho». Aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso, todo indica que habrá más de este tipo: dando la razón a los demandantes y anulando las «plusvalías». De hecho, ya hay numerosos despachos de abogados que tramitan reclamaciones. Sólo hay que buscar en internet para encontrar decenas de bufetes que se ofrecen para reclamar la devolución de la plusvalía cobrada indebidamente. Todos apelan a la sentencia del TC que, según dicen, «va a hacer muy difícil a los Ayuntamientos evitar las devoluciones».Si no lo consiguen en la vía municipal, los tribunales ya han comenzado a dar la razón a los demandantes.

ABC

 

SENTENCIA DECLARANDO NULIDAD SANCION GUARDIA CIVIL POR NO RESPETAR UN STOP

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Sevilla, declarando la nulidad de una sanción incoada por la Guardia Civil de Tráfico, por no respetar tráfico las garantías y derechos del denunciado en el expediente sancionador.

Tráfico omite el trámite de dictar resolución sancionadora cuando el denunciado no realiza alegaciones. El motivo de la nulidad según la sentencia es la indefensión que causa en el denunciado el hecho de no dictarse resolución sancionadora en el expediente, cuando  la Ley de Seguridad Vial, obliga a Tráfico a que dicte  resolución sancionadora sin quiere dar por concluido el expediente.

SENTENCIA JUZGADO CONT 11 SEVILLA