El pago de la Plusvalía municipal cuando no se haya producido incremento de valor del suelo

El pago de la Plusvalía municipal cuando no se haya producido incremento de valor del suelo

 

El Tribunal Constitucional establece que no debe pagarse plusvalía municipal cuando no se haya producido incremento de valor del suelo en el momento de transmitir un inmueble (sentencia de 11 de mayo de 2017).

 

El pasado 11 de mayo, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la que declaraba nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta anulación no es total o absoluta, sino que dichos artículos únicamente se consideran inconstitucionales cuando sirven para someter a tributación situaciones en las que no se ha producido incremento de valor del suelo en el momento de la transmisión del inmueble en relación con su adquisición. Es decir, el Tribunal Constitucional ha declarado que no se puede obligar a pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando no se ha dado un aumento de valor del suelo desde que se adquirió hasta que se transmitió el inmueble. El fundamento de esta sentencia es que al no ponerse de manifiesto ninguna capacidad económica con la transmisión del inmueble, no re sulta admisible que se obligue a tributar por este impuesto.
Anteriormente, el mismo Tribual Constitucional ya había dictado dos sentencias muy similares en relación con la normativa foral sobre este impuesto en Álava y Guipúzcoa.

Al igual que en las sentencias anteriores, el Tribunal Constitucional no establece ninguna limitación retroactiva de los efectos de esta anulación. Eso significa que la nulidad de los preceptos no es desde el momento de dictarse sentencia, sino desde un inicio.

 

Posibilidad de reclamar la devolución del impuesto

 

Que los preceptos sean nulos desde un inicio no significa que pueda reclamarse cualquier impuesto de plusvalía municipal pagado cuando no se haya producido incremento de valor del suelo entre la adquisición y la transmisión del inmueble. Para poder determinar el derecho o no a recuperar el impuesto, deberíamos distinguir si el impuesto se pagó a consecuencia de una liquidación girada por el ayuntamiento o a consecuencia de una autoliquidación (supuesto muy frecuente, por ejemplo en la ciudad de Barcelona).

  1. Si el ingreso es consecuencia de una liquidación girada por el ayuntamiento: solo podrá   reclamarse la devolución de lo que se ingresó si la liquidación no se ha vuelto firme. Es decir, si se interpuso recurso contra la misma (y aún está pendiente de resolverse) o si, estando aún a tiempo de recurrirla, se interpone el oportuno recurso. Las liquidaciones giradas por el ayuntamiento que sean firmes no podrán dar lugar a la devolución de lo que se pagó.
  2. Si el ingreso es consecuencia de una autoliquidación del contribuyente: solo podrá reclamarse si no ha transcurrido el plazo de prescripción (4 años). El procedimiento a seguir es el de instar la rectificación de la autoliquidación y solicitar la devolución de lo que se ingresó indebidamente. En caso de haber transcurrido el plazo de prescripción (4 años desde que finalizó el plazo de ingreso, y siempre y cuando no haya existido ninguna actuación interruptora de la prescripción), no se podrá instar dicha rectificación de la autoliquidación ingresada en su día.

 

Acreditación de que no se produjo incremento de valor del suelo

 

Para poder reclamar la devolución de lo que se ingresó indebidamente por este impuesto, deberá demostrarse que en realidad no se produjo incremento de valor del suelo entre el momento de su adquisición y el de su transmisión. Una forma de probarlo podría ser la comparación de los valores inicial y final del suelo en las respectivas escrituras de adquisición y transmisión del inmueble (recordemos que se trata de un impuesto en el que solo se tiene en cuenta el suelo, no la construcción). Otra opción sería aportar una tasación que acredite el valor del suelo tanto al adquirirlo como al transmitirlo.

 

Posible modificación normativa

 

Después de que el Tribunal Constitucional anulara los artículos de las normas de Álava y Guipúzcoa, estas Diputaciones han aprobado dos Decretos Forales con el fin de establecer con carácter de urgencia una nueva regulación del impuesto para respetar el contenido de la sentencia. Además, estas normas establecen un régimen transitorio para las liquidaciones ya giradas.

 

Conclusiones 

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que resulta improcedente exigir el pago del impuesto de plusvalía municipal cuando no se haya producido un incremento del valor del terreno entre su adquisición y su transmisión.

 

Cuando pueda demostrarse que estamos en esta situación, se podrá solicitar la devolución del impuesto satisfecho, más sus correspondientes intereses.
Para poder solicitar esta devolución, tenemos que estar ante una liquidación tributaria no firme (que se esté recurriendo o que pueda recurrirse) o ante una liquidación realizada por el contribuyente y que no haya prescrito el derecho a rectificarla (4 años).

 

Por ROCA JUNYENT

 

SENTENCIA DECLARANDO NULIDAD SANCION GUARDIA CIVIL POR NO RESPETAR UN STOP

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Sevilla, declarando la nulidad de una sanción incoada por la Guardia Civil de Tráfico, por no respetar tráfico las garantías y derechos del denunciado en el expediente sancionador.

Tráfico omite el trámite de dictar resolución sancionadora cuando el denunciado no realiza alegaciones. El motivo de la nulidad según la sentencia es la indefensión que causa en el denunciado el hecho de no dictarse resolución sancionadora en el expediente, cuando  la Ley de Seguridad Vial, obliga a Tráfico a que dicte  resolución sancionadora sin quiere dar por concluido el expediente.

SENTENCIA JUZGADO CONT 11 SEVILLA

La DGT recaudó 164 millones de euros por excesos de velocidad en 2016, un 26,7% más que en 2015

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recaudado 164.206.233,66 de euros en 2016 a través de las multas por exceso de velocidad captadas por los radares, tanto móviles como fijos, presentes en las carreteras españolas.

Esta cifra supone un aumento de más de 34 millones de euros con respecto a los dos años anteriores, en donde la recaudación se había mantenido en niveles similares. Concretamente, en 2014 el Estado ingresó 129,6 millones en multas registradas por radares, mientras que en 2015 la cifra apenas superó los 127 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 26,7% menos que en 2016.

Al mismo tiempo, se produjo un incremento del 6% en 2015 respecto al año precedente en lo que a sanciones totales se refiere, recaudando un total de 407,6 millones en multas.

Andalucía, donde más se recauda

En el desglose por autonomías que realiza el Gobierno en el documento, en el que no se incluye a Cataluña y País Vasco por tener transferidas las competencias en esta materia, Andalucía es la comunidad autónoma que más ha recaudado, con más de 36 millones de euros. La siguen Castilla y León, con más de 25 millones, y Galicia, que supera los 19 millones de euros.

Además, Castilla-La Mancha y Aragón rondan los 14 millones de recaudación por exceso de velocidad, por delante de la Comunidad de Madrid, que recaudó algo más de 11 millones, uno más que la Comunidad Valenciana. Asimismo, Murcia supera los 9 millones.

Por otra parte, Ceuta y Melilla, La Rioja, Canarias y Cantabria son la regiones en las que menos se ha recaudado. Sólo esta última supera los dos millones de euros, según destaca el Ejecutivo.

En cuanto a las denuncias interpuestas por exceso de velocidad, captadas por los cinemómetros, Moncloa señala que se han registrado 4.369.603, siendo, de nuevo, Andalucía la autonomía con más multas registradas (más de un millón). Castilla y León, con más de medio millón, y Galicia, que supera las 420.000, también repiten entre las más sancionadas.

El Economista.

CÓMO PROCEDER SI TE OCUPAN TU VIVIENDA

¿Qué hacer para recuperar tu vivienda?

El problema es que la ley deja un margen muy escaso para que el propietario pueda recuperar de inmediato el inmueble, dado que este tipo de bandas y delincuentes suelen conocer los pasos a seguir para evitar y retrasar el desalojo el máximo tiempo posible. Aún así, los expertos en la materia recomiendan seguir una serie de pasos para lograr el desalojo de forma legal:

– Denunciar cuanto antes: lo más rápido es acudir a la Policía, ya que no se requiere aportar documentación ni ir con un abogado -la titularidad de la propiedad se verificará posteriormente-. Si, de algún modo, se consigue demostrar que los okupas llevan en el inmueble menos de 48 horas, la policía puede desalojarles sin orden judicial, pero siempre y cuando logren entrar en la vivienda.

– Orden judicial: si han pasado las citadas 48 horas y los okupas han cambiado la cerradura, se necesita una orden judicial y es cuando comienza el calvario. Los abogados recomiendan entonces presentar una demanda civil de desahucio En este caso, el juez señala un día y hora para el juicio.

– Identificar a los okupas: el juez llamará a declarar al dueño y a los impostores, pero en muchos casos estos se niegan a identificarse, lo que dilata todavía más el problema. El propietario debe utilizar todas las tácticas que tenga en su mano para identificar a los okupas. La policía también lo hará, pero dentro de la vivienda no están obligados a identificarse, por lo que tendrán que esperar a que salgan a la calle. En caso contrario, se verán obligados a identificarse tras recibir la orden correspondiente del juzgado.

– Desalojo: el proceso suele durar nueve meses, aunque en numerosas ocasiones se alarga hasta los dos años debido a las técnicas de dilación que realizan los okupas. Pese a todo, no podrán evitar el desalojo y, una vez dictada la orden, en caso de que se resistan, la policía ejecutará el desahucio por la fuerza.

– Gasto para el propietario: otro de los problemas es que, una vez recuperado el inmueble y aunque los okupas sean condenados a pagar las costas y los desperfectos ocasionados, en la mayoría de ocasiones se declaran insolventes, de modo que, al final, el propietario no será indemnizado.

– ¿Y si es vivienda habitual? Si han pasado las 48 horas sin denuncia, tampoco le queda más remedio que presentar una demanda civil de desahucio. Pero, en este caso, ya no se trata de un delito de usurpación sino de un allanamiento de morada y se castiga con penas de prisión de hasta dos años, por lo que los okupas intentan cerciorarse antes de que no se trata de una vivienda habitual. La Justicia actúa de forma más rápida en este caso e incluso la policía ha llegado a entrar por la fuerza si el propietario les avisa de que le “estaban robando”, no de que había okupas.

– ¿Y si no denuncio? Al margen de las recomendaciones de los expertos, circulan por numerosos foros de la red algunas sugerencias que ponen en valor la picaresca del propietario, como, por ejemplo, no denunciar y esperar con un cerrajero a que los okupas salgan de su propiedad (lo harán), cambiar otra vez la cerradura, quedarse en la casa y cuando estas personas intenten volver a entrar, denunciar allanamiento de morada. El problema es que muchos okupas ya se saben este truco y, por eso mismo, en cuanto entran son ellos mismos los que llaman a la policía haciéndose pasar por un vecino denunciando que hay okupas.

– Desokupa: los problemas de los propietarios para recuperar su vivienda por la vía judicial han abierto una posibilidad de negocio a los desokupas, cuya actividad se ajusta a la ley. Es el caso de Desokupa, empresa que nació en Barcelona, pero que ya se está extendiendo a otras ciudades del país. Su función es negociar con los okupas el desalojo. Si no se avienen a razones, montan un dispositivo de control de acceso a esa vivienda con varios integrantes, todos con titulación en control de acceso, y controlan la entrada las 24 horas. Al final, suelen acceden a negociar una compensación económica por su marcha.

Art. Libertad Digital

SENTENCIA DECLARANDO NULIDAD EXPEDIENTE TRAFICO. MOTIVO HABLAR POR EL MOVIL

https://youtu.be/BcCXVaRojPg

SENTENCIA CONTENCIOSO7 240317

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Sevilla, en la que soy Letrado recurrente.

Esta sentencia declara la nulidad de un expediente sancionador incoado por la Guardia Civil, cuya infracción es hablar por el móvil.

Los motivos de nulidad son dos. Un primer motivo es que el modelo de boletín de denuncia empleado por Tráfico, no informa de los recursos que podemos interponer.

Un segundo motivo por el que se declara la nulidad es que Tráfico, no dicta resolución sancionadora, sino que simplemente con el boletín de denuncia da por concluido el expediente cuando no realizamos alegaciones.

He pagado la plusvalía municipal teniendo pérdidas, ¿cómo puedo reclamar?

He pagado la plusvalía municipal teniendo pérdidas, ¿cómo puedo reclamar?

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el impuesto municipal sobre las plusvalías, que en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor.

 

La resolución, de la que ha sido ponente la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, determina que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Es decir, para el Constitucional no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.

 

El TC considera inconstitucionales los impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.

 

El fallo del Tribunal Constitucional, adoptado por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia, en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en la Constitución.

La norma cuestionada establece un impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto que se devenga en el momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte) durante los que el propietario ha sido titular del mismo. De este modo, se calcula de modo que no tiene en cuenta si el inmueble ha ganado o no valor y genera una ficción de incremento económico que, además, impide al particular toda prueba en contrario.

La sentencia recuerda que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada impuesto.

 

Tras la nulidad del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía por el que lo declara anticonstitucional, ahora la gente que vendió por debajo del precio de compra o aquellos que perdieron una vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca se pregunta cómo poder recuperar el dinero de la plusvalía.

 

 

Según narra el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, el impuesto grava el incremento de valor que sufran los inmuebles que surgirá en su compra o venta, pero la plusvalía municipal no depende del propio valor de venta.

 

Los casos más duros son aquellos que tuvieron que pagar plusvalía después de haber perdido un inmueble por no haber podido hacer frente a la hipoteca de este, mediante una dación en pago o bien en una ejecución hipotecaria, a pesar de que el valor de la transmisión normalmente es muy inferior al precio por el que compraron.

 

Para reclamar hay que seguir siguiendo una serie de pasos:

 

  1. Tras haber efectuado el pago del impuesto, tendremos que presentar un escrito desolicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos en el ayuntamientocorrespondiente, debiendo hacer constar el importe a reclamar.

 

  1. Haciendo esto, la Administración nos tendrá que responder para interponer unRecurso de reposicióny, si nos lo permite, deberemos establecer una Reclamación Económico Administrativa que será resuelta por el Tribunal Económico Administrativo Municipal.
  2. Una vez agotada la vía administrativa podremos iniciar unprocedimiento judicial, que es donde más fácilmente podremos obtener nuestro dinero reclamado. En un plazo dedos meses tendremos que interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal de Justicia y veremos si nuestra sentencia es favorable.

 

 

 

SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO CONT. ADTIVO 3 DE SEVILLA DECLARANDO LA NULIDAD DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR PUBLICADO EN EL TRESTRA

SENTENCIA CONTENCIOSO 3 DE SEVILLA

SENTENCIA CONTENCIOSO 3 DE SEVILLA

Sentencia en la que soy Letrado recurrente y que declara la nulidad de un expediente sancionador de Tráfico por exceso de velocidad.
El motivo de la nulidad es la publicación en el TESTRA de la denuncia. Todas las denuncias desde la entrada en vigor de la LEY DE SEGURIDAD VIAL en noviembre de 2009, hasta mayo de 2015, han sido publicadas en el TESTRA.

Europa obliga a los jueces a revisar de oficio la cláusula de vencimiento anticipado de las hipotecas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictó ayer una sentencia en la que dictamina que los jueces españoles están obligados a revisar de oficio todas las cláusulas del crédito hipotecario para determinar si son abusivas, incluida la del vencimiento anticipado por incumplimientos de pago por parte del deudor, que conlleva el pago de una sola vez de toda la deuda pendiente de pago o la entrega al banco de la vivienda.

Considera que no se opone la Directiva 93/13 al artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la Directiva, mediante resolución firme.

Sin embargo, determina que si existen una o varias cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas.

El plazo de oposición ilegal

Por el contrario, mantiene el TJUE, que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 se oponen al plazo de un mes que regula la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que da un plazo de un mes para que los consumidores puedan oponerse a una ejecución de vivienda que no hubiese concluido antes de entrar en vigor esa Ley.

El ponente de la sentencia, el magistrado Sinisa Rodin, concluye que el examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un banco y un consumidor implica determinar si ésta causa, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Dictamina que este examen debe realizarse teniendo en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes, los medios de que dispone el consumidor en virtud de la normativa nacional para hacer que cese el uso de ese tipo de cláusulas, la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato en cuestión, y todas las circunstancias que concurran en su celebración.

Por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate.

Medios adecuados

Además, el juez debe revisar si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo hipotecario.

Y concluye Siisa Rodin, que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional sobre las cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo, como el artículo 693.2 de la Ley 1/2000, modificada por el Real Decreto-Ley 7/2013, que prohíbe al juez que ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional.

En el caso en litigio, Banco Primus concedió un préstamo hipotecario sobre la vivienda de un cliente. Como consecuencia del impago de varias mensualidades consecutivas y haciendo uso de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en el contrato de préstamo, la entidad bancaria solicitó el pago de la totalidad del principal, más los intereses ordinarios y moratorios, costas y gastos, así como la venta en subasta de la vivienda.

Al no comparecer ningún postor, la vivienda fue adjudicada a Banco Primus. La entrada en posesión del banco fue retrasada por tres incidentes sucesivos.

El deudor formuló un incidente extraordinario de oposición al procedimiento de ejecución, alegando el carácter abusivo de la cláusula del contrato de préstamo relativa a los intereses de demora, que ya había sido objeto de un control de oficio por parte del juez, que redujo los intereses a cero mediante auto. El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander suspendió el procedimiento y, al examinar la oposición, detectó que algunas cláusulas del contrato distintas de la relativa a los intereses de demora podían ser consideradas abusivas, por lo que acudió al TJUE.

abogado cláusulas suelo

Solicita la devolución de las cantidades que has pagado indebidamente por tener cláusula suelo desde la fecha de la constitución de tu hipoteca.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar una cláusula suelo abusiva?

El banco tendrá que devolver todos los importes de las cláusulas suelo abusivas.

¿Cómo pueden proceder los particulares?Sentencia TJUE 21.12.2016. Cláusula suelo

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo ha puesto patas arriba a las banca española y dará mucho que hablar. Supone que los bancos tendrán que devolver a sus clientes todas las cantidades cobradas de más por la aplicación de unas cláusulas que ya fueron consideradas como “abusivas” por parte del Tribunal Supremo, si bien la retroactividad estaba limitada al 9 de mayo de 2013. Ahora, no existe límite temporal alguna y el banco tendrá que devolver todos los importes. ¿Cómo pueden proceder los particulares?

 

1.- ¿Qué se ha fallado?

Lo primero de todo es entender la situación que se plantea. Las cláusulas suelo son estipulaciones en los contratos hipotecarios que fijan un tope mínimo de intereses a pagar, normalmente con intereses de hipotecas referenciadas al Euribor. Por ejemplo, un suelo del 3%.

2.- ¿Qué plazo de tiempo reclamar?

Técnicamente, se puede solicitar al banco la devolución desde que es de aplicación el contrato hipotecario.

 

3.- ¿Es automática la devolución?

La sentencia se aplica a las cláusulas suelo que hayan sido declaradas nulas por falta de transparencia. No parece complicado, la mayoría pecan de falta de transparencia. Los afectados con cláusula suelo tiene que saber que debe reclamar sí o sí. Lo que es seguro es que los bancos no van a devolver ningún dinero que no sea reclamado por los clientes.

4.- ¿Cómo empezar los trámites?

 

Lo primero de todo, es presentar al banco una reclamación extrajudicial. Este documento es un escrito en el que se reclama a la entidad la nulidad de la cláusula suelo y la devolución íntegra de las cantidades aplicadas. Si el banco atendiese esta reclamación y nos devolviese el dinero, no habría más que hacer. Pero hasta ahora no ha sido lo habitual, y casi seguro que no lo será. Las entidades pelearán caso por caso.

Tras un plazo prudencial de diez o quince días después de haber presentado la reclamación, hay que interponer ya una demanda judicial. Y a partir de aquí se pone en marcha el proceso.

5.- ¿Qué documentos necesito?

 

La escritura de la hipoteca y copias de los últimos recibos.

6.- ¿Se pueden reclamar intereses?

 

En teoría, se pueden reclamar al banco intereses sobre el exceso cobrado. Lo que sucede es que esta petición, en la práctica, solo se hace cuando todo ha trascendido ya a instancias judiciales, es decir, cuando se ha presentado la demanda y el banco ha sido condenado. Entonces si se pueden reclamar los intereses.

7.- ¿Qué cantidad se puede recuperar?

 

La cantidad que se puede recuperar es muy variable, y va a depender de muchos factores, como el porcentaje de suelo, el importe de la hipoteca o, sobre todo, los años.